La falsedad documental es uno de los delitos que se encuentran incluidos dentro del código penal español, cuya penalización está estrechamente relacionada con la gravedad de la falta, así como con la persona que la comete.

El delito de falsedad documental se puede ejecutar por medio de diversas acciones o tipos de falsificación.

La falsificación de documentos en su totalidad o de manera parcial es considerada como un delito dentro de la justicia española, obedeciendo a los motivos que conllevan al hecho fraudulento.

Por lo general, los motivos que conducen a la alteración de un documento o parte de este se relacionan con la comisión de fraudes u otros delitos en perjuicio de otras personas o de la ley.

Pero, ¿qué se entiende por delito? Es un “comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena.” (Pérez & Gardy, 2009)

Por consiguiente, aquella persona que en conocimiento de las leyes vigentes accediera por voluntad o conveniencia propia a realizar actos contrarios a la ley, estará cometiendo un delito.

En el caso específico del delito de falsedad documental, la falta girará en torno a la alteración, modificación, falsificación o adulteración de un documento que puede ser privado o público.

Los cambios en el documento son introducidos a fin de burlar la ley o de beneficiar a un individuo.

“Un documento es una carta, diploma o escrito que ilustra acerca de un hecho, situación o circunstancia. También se trata del escrito que presenta datos susceptibles de ser utilizados para comprobar algo.” (Pérez & Merino, 2009).

¿Cómo saber si un Documento es Falso?

Son diversas las variables que contribuyen a que se altere un documento o parte de él.

Una de las razones está íntimamente relacionada con la evasión de compromisos legales u obligaciones como los impuestos, por ejemplo.

Aunque en estos casos no se estaría cometiendo un delito violento, de igual forma obviar información con la finalidad de pagar menos de lo que toca por conceptos de impuestos se considera una falta grave.

Otras falsificaciones de documentos pueden incluir acciones que perjudiquen a terceras personas como las referentes a tarjetas bancarias o documentos de identidad.

Lo cierto es que bajo ninguna circunstancia se justifica la alteración por más mínima de ninguna clase de documento de naturaleza legal o privada, esto siempre será considerado un delito penalizado dentro del código penal.

Los artículos en los que el código penal español considera el delito de falsedad documental son los: 390, 391, 392, 393, 395, 397, 398 y 399.

En lo que respecta al delito se incluyen a los documentos de identidad como los DNI y los permisos o licencias de conducción respectivamente.

Aquella persona que utilice alguno de estos documentos falsificados está sujeto a penalizaciones de ser descubierto.

De igual forma será sancionado el que elabore o altere la información de documentos de identidad existentes.

Otros documentos que integran el delito de falsedad documental son los certificados de cualquier tipo.

Los productos bancarios como tarjetas de crédito o débito, así como los cheques de viajero.

Pena del Delito de Falsedad Documental

El código penal prevé un castigo hacia este tipo de conductas que van en contra de la ley y que, por lo general, afectan a terceras personas o al estado.

Las características de la sanción dependen de la persona que lo cometa, en caso de que se trate de un funcionario o de una persona natural.

Para el delito de falsedad documental, el código penal establece entre seis meses y ocho años como máximo de prisión, también se incluyen multas que oscilan entre los seis y los doce meses.

Y en el caso específico de los funcionarios que se vean inmersos en estas prácticas podrán recibir inhabilitaciones de sus cargos por un tiempo determinado.

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